Por las carreteras europeas circulan unos 220 millones de coches que producen un doce por ciento del dióxido de carbono liberado a la atmósfera comunitaria. El pasado mes de enero, la Comisión europea realizó una serie de propuestas legislativas para reducir las emisiones de dióxido de carbono en un veinte por ciento antes de 2020; con este fin, la Eurocámara trabaja ahora en un informe que prevé una reducción de las emisiones causadas por vehículos nuevos a partir del año 2012. El texto fue aprobado por la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo el 25 de septiembre de 2007, y ahora deberá ser sometido a votación por el Pleno de la Eurocámara.
El transporte por carretera es la segunda mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea, que causa la quinta parte de las emisiones totales de dióxido de carbono. A esto se une que el de la automoción es uno de los pocos sectores en los que el volumen de emisiones de gases de efecto invernadero no deja de aumentar, a pesar de que ya en los años 90 la Unión Europea fijó un máximo de 120 gramos de dióxido de carbono por kilómetro para los coches nuevos. Sin embargo, las mejoras tecnológicas no han sido capaces de contrarrestar los efectos del aumento del parque móvil europeo.
Medidas vinculantes
Consciente de que el objetivo de 120 gramos por kilómetro no se alcanzaría en 2012 de no adoptarse medidas complementarias, la Comisión revisó su propuesta y aprobó, en diciembre de 2007, nuevas normas de carácter vinculante para lograr que los fabricantes se ajusten al objetivo de 160 gramos por kilómetro.
La nueva estrategia gira en torno a dos principios: llegar a los 130 gramos por kilómetro en 2012 a través de mejoras tecnológicas en los vehículos nuevos, y lograr otros diez gramos de reducción adicional mejorando otros sistemas o componentes tales como las ruedas, el aire acondicionado o la conducción ecológica.
Un plan más ambicioso
En el Parlamento Europeo, el eurodiputado socialista italiano Guido Sacconi, ponente del informe sobre la materia, apuesta por un plan más ambicioso que “pida al sector automovilístico un esfuerzo equiparable al requerido a otros sectores de producción”, y propone bajar el límite hasta los 95 gramos por kilómetro, un cuarenta por ciento inferior a la media actual. Eso sí, el horizonte temporal abarcaría hasta 2020.
En opinión de Sacconi, sería la propia industria la que tendría que definir su estrategia para alcanzar los objetivos fijados.
Multas
La Comisión prevé el establecimiento de un sistema de penalizaciones para los fabricantes que no se ajusten a los objetivos; Sacconi explica que “no se trata de un impuesto, sino de un incentivo para fomentar la inversión”. Además, propone utilizar los fondos procedentes de las multas por exceso de emisiones para financiar nuevas tecnologías e investigación.
Aunque los nuevos requisitos podrían suponer una subida de los precios de los automóviles de hasta el seis por ciento, sus impulsores recuerdan que este encarecimiento se vería compensado, para el consumidor, por un ahorro en la cantidad de combustible requerido.
